CIEGO EN SU SOBERBIA, OTRA VEZ MIENTE RUIZ GALLARDÓN

LA DEFENSORA DEL PUEBLO PIDE QUE

SE DESMANTELE LA LEY DE TASAS

JUDICIALES

 

UN PASO ADELANTE, LEJOS AÚN DE

DESHACER UNA INIQUIDAD HISTÓRICA

 

El día 12 de febrero de 2013, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, le ha leído la cartilla al todavía Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Por escrito y con publicidad, le ha dicho, entre otras cosas:

A) Elimine las tasas para recurrir contra sanciones administrativas;

B) Elimine las tasas en el orden jurisdiccional social;

C) Disminuya las tasas sustancialmente para la primera instancia de los procesos civiles y contencioso-administrativos;

D) Modere las tasas para cualquier clase de recursos;

E) Module la cuantía de las tasas en razón de la capacidad económica de las personas jurídicas;

F) Devuelva lo cobrado por tasas en cuanto, según la anunciada reforma legal de la asistencia jurídica gratuita, no procediese cobrarlas (muy justa propuesta, aunque pueda costarle sangre al Ministro de Hacienda)

La Defensora del Pueblo se ha mostrado expresamente preocupada por el riesgo de que las tasas judiciales impidan el acceso a la Justicia, que es cabalmente lo que está ocurriendo ya —no es riesgo, es realidad dañina— en miles de casos (no exagero). Entre los más especialmente sangrantes se encuentran A) aquellos en que los litigantes, que iniciaron el proceso antes de la Ley de Tasas, no tienen dinero para los recursos, a los que ya se aplica —y a veces con la peor de las posibles interpretaciones— la nueva Ley de Tasas; B) aquellos en que los litigantes tienen ya designado abogado de oficio, porque el Colegio de Abogados correspondiente entiende que son acreedores a la asistencia jurídica gratuita, pero no han terminado aún los trámites para el formal reconocimiento de esa asistencia. Como no tienen todavía el "papel", se pretende cobrarles las tasas.

Así las cosas con la complacencia de los grandes litigantes (de los usuarios habituales), a los que no les falta dinero, ha sido muy sonoro el bofetón político y jurídico propinado al Ministro Ruiz Gallardón por la comisionada de las Cortes o Parlamento de España, Sra. Becerril.  Ruiz Gallardón ha reaccionado conforme a sus profesionales habilidades, es decir, mintiendo de nuevo: que las observaciones y propuestas se referían a “cuestiones técnicas” (desmentido públicamente por la Defensora al insistir en que sus propuestas eran “sustanciales”); que modificaría las tasas relativas a “los desahucios”; que aprobaría un Decreto… Pero al final todos los “medios” hablan de rectificación, de marcha atrás, etc.

Seríamos tontos si pensásemos que el tremendo destrozo de la Ley de Tasas, que genera a diario tragedias humanas (ésas que no interesan a los estudiosos), ya está resuelto o incluso en vías de solución. Aún estamos muy lejos de ella y cada día que pasa es otra jornada de denegaciones de justicia o de exacciones fiscales injustas y contrarias a la igualdad y a la equidad. Pero no seríamos inteligentes si no advirtiéramos la importancia del gesto, sin duda meditado en su fondo y en su presentación pública, de la Defensora del Pueblo. Aunque trastabillando improvisadamente y con muestras de su inmensa inopia jurídica, Ruiz Gallardón ha anunciado una rectificación de la Ley de Tasas. Sin duda, procurará no hacerla. Lo que pasa es que no somos pocos los que vamos a seguir empeñados en que se enmiende, a fondo, el atropello a la justicia y al Estado de Derecho que constituye la inicua y brutal Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.